En el contexto de la manifestación del 28 de agosto del presente año, la cual fue convocada por el colegio de profesores y estudiantes, Isaias Guerra, estudiante de la PUCV, se manisfestaba pacíficamente en torno a la plaza del Pueblo Salvador Allende en Valparaíso. En tal situación fue detenido arbitrariamente y posteriormente procesado, siendo condenado el 30 de octubre, a 61 días de presidio, concediéndosele
el beneficio de reclusión nocturna por ese período. Dicho proceso fue llevado a cabo mediante un juicio simplificado o “express” que permitió el acelerado desarrollo de los acontecimientos que lo tienen ahora en esta injusta situación.
El intento de justificación de la sentencia a la cual está siendo sometido se sostiene sobre las paupérrimas pruebas presentadas por la fiscalía, que no son otras que los confusos testimonios de algunos carabineros que vagamente hicieron referencia al hecho. A esto se agrega la no existencia de prueba alguna que acredite perjuicios ni daños de cualquier tipo y que Isaias ha negado resueltamente los delitos que se le imputan en reiteradas ocasiones sin ser escuchado de ningún modo. Esto último representa la forma unilateral en la que ha sido llevado el proceso y el claro favoritismo o el supuesto “mayor valor” atribuido a las palabras de un carabinero frente a las palabras de un estudiante y simple ciudadano de a pie. Semejante actuar arbitrario de la fuerza policial y el poder judicial se viene haciendo costumbre como modo de castigar la manifestación y la protesta de los movimientos sociales. No son pocos los casos que podemos recordar y que actualmente están llevándose a cabo por estas instituciones. En nuestra región de Valparaíso hemos visto cómo los estudiantes y organizaciones sociales han debido salir en defensa de otros, que al igual que Isaias, se los ha expuesto a sufrir penas incluso más altas y que sólo gracias al actuar solícito de la comunidad han logrado sobrellevarse de una manera más humana.
Nos encontramos de este modo frente a un nuevo caso de criminalización de la libre manifestación de los ciudadanos chilenos. Un nuevo caso de arbitrariedad y un nuevo caso de “injusto” proceder de nuestra justicia. Un nuevo caso de la aplicación de políticas represoras que van en desmedro de la libre expresión ciudadana. Asistimos, en definitiva, a un nuevo intento de acallar los descontentos y malestares de nuestra sociedad mediante el miedo y censura de la voz popular.
Por estos motivos queremos hacer un llamado de atención a la comunidad para que solidarice con los casos que se presentan a lo largo y ancho de nuestro territorio. Porque nadie puede sentirse ajeno a esta realidad. Nadie puede desentenderse. Asistimos hoy a la radicalización y fortalecimiento de los métodos de amedrentamiento a la población, pero a la población consciente de las injusticias.
El caso de Isaias, el de Pedro Quezada y el de Juan Tapia demuestran la poca cabida a la expresión genuinamente política y a la verdadera democracia. Por eso no sólo llamamos a la solidaridad sino también a la denuncia pública, masiva, de que en nuestras calles y por parte de nuestras policías se considera el marchar para manifestar un descontento como un acto precursor de delitos, condicionando de antemano el juzgar de los jueces y policías. En el caso particular de Isaias se desconoce incluso el contexto de manifestación, acusándosele de la infracción a la ley de tránsito.
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL!
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